Programa político

El Estado Nacional.

El pilar fundamental sobre el que se debe organizar una sociedad establecida en un determinado territorio es el Estado Nacional, de ahí que se trate de mostrar como concepto fundamental de nuestro pensamiento; posteriormente, en los siguientes capítulos se desgranarán una serie de conceptos que van íntimamente ligados a él y que sin él, estos conceptos nunca podrían llegar a cristalizarse.

Entendemos el Estado Nacional como aquel estado cuya organización social, económica y política es totalmente soberana. Asimismo, este tipo de estado debe fomentar los lazos comunes que unen a sus habitantes y fomentar su identidad común.

Como medida fundamental para la implantación del Estado Nacional en un futuro próximo en España, considerando la concepción actual en vigor, sería la derogación inmediata del Estado de las Autonomías el cual ha fragmentado al país de una manera preocupante, poniendo en peligro su unidad nacional. El llamado Estado de las Autonomías nada más que ha hecho que potenciar el derroche en las instituciones y elevar el coste del conjunto del Estado a niveles intolerables, ya que ha engordado la administración de forma vertiginosa y sin control, gracias a que no ha existido ningún tipo de vigilancia por parte del gobierno central en las inversiones realizadas.

Actualmente, como consecuencia de esta nefasta organización, en España contamos con 17 sistemas educativos diferentes, 17 sistemas de atención sanitaria… situación que es totalmente inviable tanto económica como socialmente. Resulta ridículo que una persona de Cuenca deba solicitar un permiso para ser atendida por un médico de cabecera en la provincia de Madrid, y como éste tenemos cientos de casos en educación, impuestos, etc.

Esta fragmentación nacional, así como la inexistencia de supervisión en las inversiones y planificaciones sociales por parte de un organismo central está provocando que el Estado de las Autonomías debilite el Estado del Bienestar. En estos momentos, nos encontramos que por parte del gobierno central se está primando el mantenimiento de las autonomías cuando a todas luces estas son totalmente inviables. Ello está propiciando que dotaciones económicas que deberían estar dirigidas a sostener el Estado del Bienestar sufran recortes, para que lo recibido por las autonomías y otras instituciones inútiles no se vea debilitado.

El objetivo del Estado Nacional, debe ser acabar con estos desmanes y garantizar de forma soberana e independiente a todos los habitantes del país una asistencia social y sanitaria gratuita, que el acceso a la educación se pueda realizar de forma pública y sin coste para sus usuarios, que existan subsidios para las personas en estado de desempleo, etc. Es decir, nos encontramos ante una organización territorial que trata de evitar las desigualdades sociales entre sus habitantes a través del concepto de solidaridad nacional –aportación de cada habitante a un fondo común que permita dotar solidariamente al resto de la población de unos servicios mínimos- y busca potenciar el bienestar de las llamadas clases medias, las cuales son las más sensibles a los vaivenes políticos. Estas clases medias, actualmente son el colectivo social que mayor presión fiscal soporta –en proporción a sus ingresos- para mantener el Estado. Considerando las circunstancias actuales y la falta de control económica, podemos resumir que el Estado de las Autonomías es incompatible con el Estado del Bienestar.

En contraposición a un centralismo intransigente, entendemos que el Estado Nacional debe contar con cierta descentralización, delegando carga administrativa esencialmente en los municipios, no obstante, las competencias en educación, sanidad, asuntos exteriores, defensa y gestión de infraestructuras deben ser siempre asumidas por la administración central para garantizar su correcto funcionamiento y evitar desigualdades territoriales.

La potenciación del Estado Nacional es la única defensa en la lucha contra la mundialización que actualmente defiende la derecha liberal y conservadora, así como la socialdemocracia moderna. El mundialismo cuenta con dos armas principales que están dañando gravemente a nuestra economía y tejido industrial:

  • Deslocalización de empresas a países con mano de obra barata.
  • Llegada de mano de obra barata extranjera a nuestro país.

De estos conceptos realizaremos un análisis más en profundidad en puntos posteriores relacionados con la inmigración y la economía.

Del mismo modo, el Estado Nacional es el único que garantiza nuestra soberanía política, evitando así injerencias extranjeras que marquen el destino de la actividad económica e interfieran en los hábitos y forma de vida de los ciudadanos. Es preciso destacar que actualmente, más del 80% de nuestras decisiones sobre la actividad económica y productiva se toman fuera de nuestras fronteras, ya sea, entre otras, a través de directivas europeas o tratados internacionales firmados por estructuras supranacionales, como puede ser la Unión Europea y sus políticas de comercio con terceros.

En conclusión, el Estado Nacional es la única forma de organización del estado que supone una garantía del Estado del Bienestar de una nación, además de asegurar su soberanía política y, por tanto, evita que el transcurso de nuestra economía sea manejado desde otro punto del planeta ajeno a nuestro suelo.

Los nacionalistas españoles no aceptamos, por tanto, las imposiciones extranjeras.

Sí a Europa, no a la Unión Europea

La Unión Europea actual es una entidad supranacional que a través de la legislación emanada de un parlamento europeo, marca los caminos a seguir por parte de los estados miembros, favoreciendo en sus políticas a los estados más poderosos.

Esta entidad ha estado mal concebida desde el primer momento, al tratarse de un sistema de libremercado entre estados, basado en los principios mundialistas. Las fronteras existentes han desaparecido, favoreciendo la movilidad de sus habitantes, entre ellos a los delincuentes, lo que provoca que actualmente exista un descontrol completo por parte de las autoridades en esos movimientos, así como el incremento de la peligrosidad que éstos pueden entramar para la seguridad de un país.

Además, en lo que refiere a la adhesión española, nos encontramos ante una mala negociación de la misma por parte del gobierno de Felipe González, quien abocó a España a desmantelar nuestra industria, ganadería y agricultura, todo para favorecer a los estados más fuertes y más interesados en esta Unión, como Francia y Alemania.

Todo ello ha provocado que nuestro país sólo tenga alguna posibilidad de situarse internacionalmente como referente, basando su economía en el turismo, sector sujeto a las modas y distante de una economía productiva. Este sector también cuenta con un carácter fundamentalmente temporal, lo que provoca que los empleos sujetos a él sean muy estacionales y únicamente se note su incidencia sobre las cifras de población activa en la época estival. De ahí, que este sector no sea suficiente para mantener al conjunto de un país, tal y como tratan de vendernos los últimos gobernantes que ha ido teniendo España.

La desaparición de fronteras, siguiendo el modelo económico globalizador que domina el mundo actualmente, ha provocado la desaparición de aranceles que graven la entrada de productos europeos que entran a nuestro país, lo que ha hecho que la economía resulte resentida en la competición con productos de otros países. No obstante, este problema no es tan agudizado dentro de la Unión Europea como si lo comparamos con la competencia que traen los productos asiáticos.

Además, desde el año 2002, con la llegada del euro, se ha producido la pérdida de soberanía monetaria por parte de los estados miembros, lo que no permite, por ejemplo, devaluaciones de la moneda nacional, quedando el país sujeto a los intereses de otros países que pueden tener un mayor peso específico dentro de la Unión. Claramente relacionado con la pérdida de soberanía monetaria y política están las mal llamadas “políticas de austeridad” que se escuchan en los corrillos de conversación de todos los sectores de la población. Políticas de austeridad que están llevando al abismo a países como España y a otros que ya les ha metido de lleno en él, como pueden ser Grecia y Portugal.

La imposibilidad de declarar deudas odiosas contraídas por la clase política de espaldas al interés general y priorizar el pago de la deuda a otros estados, como pueden ser Alemania, está provocando la pérdida de servicios públicos en muchas regiones europeas, así como un abaratamiento de la mano de obra que está logrando que el trabajador medio haya perdido poder adquisitivo y su calidad de vida se haya visto muy mermada. La consecuencia inmediata de ello es que el consumo, base económica fundamental de los sistemas capitalistas que dominan la Unión Europea, haya caído en picado, produciendo un efecto devastador en las cifras de empleo.

La única solución para la reconstrucción europea y mandar al traste a esta Unión Europea globalizadora y de los mercados, es la reconstrucción de Europa como confederación de Estados Nacionales, sin ningún tipo de cesión de soberanía por parte de los miembros, como mejor forma de asegurar el futuro de un conjunto geográfico ligado por vínculos culturales, sociales e históricos.

Respecto a los límites de Europa, los cuales son discutidos de forma habitual en la cúpula política europea, entendemos que esta Unión Europea ha caído en una serie de errores de los que será difícil recuperarse si finalmente se consuman y se continúa con este tipo de acciones, dejando de forma meridianamente clara que Europa cuenta con un origen cristiano común y su idiosincrasia deriva de la cultura grecolatina y del mundo nórdico germánico, que en absoluto puede admitir enclaves islamistas en su interior.

Los errores de la Europa del capital han sido, y lamentablemente, siguen siendo:

  • Tratar de adoptar a Turquía por completo como país europeo. Únicamente, la antigua Constantinopla, ahora Estambul, es territorio europeo. No obstante, culturalmente ya se encuentra muy alejada de la identidad común europea al ser colonizada por el islamismo.
  • No facilitar a Rusia la entrada a la Unión. Hasta los Urales existe Europa y culturalmente, Rusia es indiscutiblemente un país europeo, además de ser una pieza esencial para reconstruir la defensa del continente y abandonar la OTAN, dominada por EEUU.
  • Ser aliado incondicional de los EEUU, país que únicamente busca debilitar la posición geopolítica del bloque europeo para mantenerse y potenciarse como la fuerza hegemónica en el mundo.
  • Apoyar la independencia unilateral de Kosovo, “narcoestado” creado por mafiosos albaneses, financiados por el terrorismo islamista y las mafias, con el fin de debilitar a los países balcánicos, en especial a Serbia.
  • Tender puentes habituales con países ajenos a la cultura cristiana y europea, que son más un enemigo que un aliado, como Israel y Marruecos.

Economía

En pleno siglo XXI la globalización económica ha tomado las riendas de las naciones, esclavizándolas a los dictámenes de los mercados y quedando sujetas a la economía especulativa.

La recuperación de la economía productiva debe ser un objetivo básico para salir de la situación actual. Hay que tener claro que la riqueza únicamente es generada por el trabajo y no por la especulación del dinero. No es viable que por los movimientos de capitales sea posible generar riqueza y garantizar el bienestar de un país.

Política arancelaria

En primer lugar, para garantizar la posibilidad del retorno a una economía productiva, el estado debe velar por evitar competencias desleales y proteger el mercado interno de la entrada de productos foráneos que torpedean la producción nacional.

Para ello, la primera medida sería la implantación de aranceles que eviten que productos fabricados en ciertos países sin ningún tipo de control de calidad, con trabajadores más cercanos a la esclavitud que a otra cosa, accedan al mercado nacional y se puedan adquirir a precios irrisorios. Obviamente, esta medida de control evitaría la deslocalización masiva que están sufriendo las empresas españolas, las cuales están acudiendo a países asiáticos a llevar su producción, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo que ello conlleva en España.

Se puede afirmar de forma tajante que en la producción de un objeto en España, si su precio final es 8 €, no puede competir con un producto extranjero cuyo precio final, incluyendo gastos de manipulado y transporte, se ponga a la venta en nuestro país por 2 €. El arancel debe gravar este ataque al producto nacional y evitar esa diferencia, para que, al menos, compitan en el mercado bajo las mismas condiciones y decida el consumidor que producto adquirirá en función de la relación calidad-precio.

Recuperar el sector primario y secundario

España también debe recuperar la agricultura y la ganadería del país, liquidadas por las cuotas de producción y subvenciones de la Unión Europea. La administración debe hacer que acudir al entorno rural a desempeñar una actividad profesional sea atractivo, utilizando para ello bonificaciones fiscales y realizando una estrategia de carácter nacional para recuperar miles de puestos de trabajo. En este sentido, cabe destacar las declaraciones realizadas en Mayo de 2013 por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón: cada joven que se incorpora a la agricultura genera ocho puestos de trabajo indirectos en el medio rural; lo que supondría un camino muy viable para bajar los números de desempleo en el país y refuerza nuestro argumento que recuperar el sector primario sería beneficioso para el conjunto de la nación. Recuperando este sector se aseguraría la soberanía alimentaria de España, puesta en peligro actualmente por países como Marruecos, además de encontrarse y conseguir el relevo generacional que el sector necesita. Asimismo, España debe tener como objetivo el ser el granero de Europa y aprovechar sus excepcionales condiciones climatológicas y geológicas que garantizan la producción de género de alta calidad.

En cuanto al sector secundario (industria, minería, construcción, energía…), una de las mejores salidas para el conjunto del Estado sería la creación de empresas nacionales cuyos beneficios repercutieran directamente en las arcas públicas. De esa forma, se cumplirían varios objetivos: creación de empleo a través de la economía productiva, recuperación de productos nacionales cuya producción se había deslocalizado y conseguir beneficios que irían directos a las arcas públicas para garantizar el bienestar social, evitando así que toda la carga económica que ello conlleva recaiga sobre los contribuyentes.

El concepto de empresa nacional debe ir ligado a que ésta sea controlada por el Estado y/o por sus organismos, para la intervención directa en sus actividades económicas. Pese a que posiblemente su mercado esté íntimamente ligado a cubrir demandas en la Nación, no se descarta que parte de su producción se destine a la exportación si se determina que este tráfico de mercancía es viable y repercutiera beneficios.

Ejemplos de empresas nacionales han existido en España desde hace años, las cuales controlaban sectores estratégicos, como pueden ser Iberia, Telefónica, REPSOL. Estas empresas cayeron en la espiral privatizadora que comenzó con los diferentes gobiernos de la década de los 90, que finalmente han acabado derivando en despidos masivos y la pérdida de control total de sectores esenciales para el funcionamiento cotidiano del país.

Por una Banca Pública

Para evitar la tiranía de los mercados y la Banca Privada, la cual ha esclavizado de por vida a miles de familias en nuestro país a través de créditos impagables y concedidos sin ningún tipo de garantías, acompañados de cláusulas especialmente abusivas, el Estado debe proceder a la creación de una Banca Pública.

 La Banca Pública no supone en ningún caso la desaparición de la Banca Privada, de hecho en España coexistieron hasta el año 1993 cuando, poco a poco, el Estado empezó a ceder su titularidad hasta concluir el proceso en 1998. Fue en 1991 cuando Felipe González comenzó la demolición del sistema bancario público español. Bajo el argumento de que el aumento de la competencia derivado de la instauración de la libertad de movimientos de capital en el espacio de la Unión Europea, junto con la libre prestación de servicios financieros, implicaba la reestructuración de las Entidades Públicas de Crédito.

El sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado, al que se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su dinero. En fechas recientes, paradójicamente, es el propio sector financiero el que ha reclamado la intervención estatal para sanear su situación, aunque, eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden tan sólo que el Estado les saque del atolladero y que tapen con dinero público los agujeros que han ido acumulando en sus balances. La Banca Privada se ha quedado con el dinero de los ahorradores y las inversiones arriesgadas han provocado la bancarrota.

La existencia de una Banca Pública potente, dedicada a garantizar el flujo de financiación a la actividad productiva y no a la especulación ni a hacer beneficios fáciles pero muy arriesgados, parece hoy en día imprescindible. Créditos a un interés mínimo a PYMES y autónomos, así como facilidades de pago a trabajadores de clase media para la financiación de la compra de su vivienda debe ser el objetivo de esta Banca Pública libre de intereses especulativos.

La aparición de la Banca Pública debe ir acompañada con la penalización de la usura, la cual fue retirada del Código Penal en 1995, fecha que es muy cercana al comienzo del desmantelamiento de la Banca Pública por parte de los socialistas. Gracias a esta despenalización en los años de la burbuja inmobiliaria, los intereses abusivos y las altas comisiones bancarias se han adueñado de la economía, arruinando a trabajadores y pequeños ahorradores, sin que los culpables hayan respondido ante la Justicia.

A tenor de lo expuesto, concluimos que la única posibilidad de sacar a flote la economía nacional es la vuelta a una economía productiva, recuperar los sectores estratégicos que garantizan la soberanía alimentaria, proteger la industria, que supone millones de puestos de trabajo, con la implantación de aranceles, así como es totalmente necesaria la creación de una Banca Pública desmarcada de la usura, cuya función principal sea la facilidad de crédito a emprendedores y trabajadores.

Inmigración

La inmigración masiva está íntimamente ligada al proceso mundialista que nosotros condenamos. Se trata de una de sus armas para abaratar la mano de obra en los países “desarrollados”.

La llegada de millones de inmigrantes de forma desproporcionada y sin control a nuestro país, ha supuesto un problema importante, por mucho que las instituciones intenten mirar hacia otro lado. Un problema de importantes dimensiones en lo económico, en el ámbito socio-cultural y en la seguridad ciudadana.

La inmigración masiva es un lastre económico

Económicamente, desde la apertura de puertas por parte del gobierno de Aznar para la llegada en masa de mano de obra barata para la construcción sin freno que sufrió nuestro país, únicamente se beneficiaron de este proceso las patronales de la construcción y de la hostelería, las cuales obtuvieron empleados a salarios muy inferiores que el de los españoles, además de personas que no alteraban la conflictividad en los senos de las empresas, ya que por ejemplo, realizaban horas extras sin cobrarlas por el miedo al despido o represalias. Actualmente, esta sumisión y el trabajar por cantidades irrisorias les da un punto extra cuando optan a un puesto de trabajo, llegando a decir algunas empresas que únicamente contratan extranjeros, que no quieren españoles.

Esos inmigrantes, que según los gobernantes de antaño “venían a pagarnos las pensiones”, suponen un enorme gasto para los españoles. En el año 2014, en España se cuenta con una cantidad cercana a los 7.000.000 de inmigrantes; decimos cercana ya que tendríamos en cuenta a los inmigrantes ilegales, cuyo número nunca se puede conocer con exactitud. El conjunto de esta población supone un alarmante incremento del gasto sanitario, educativo, prestaciones por desempleo, rentas mínima de inserción, becas de libros y comedor para los menores, así como gastos judiciales y policiales, infinitamente mayor a lo que aportan. Como dato, rara vez la afiliación de trabajadores extranjeros en estos últimos años ha superado la cifra del 1.800.000, lo que demuestra que solo un porcentaje ínfimo de esta población aporta y tributa de forma directa al sistema de seguridad social.

Otro impuesto, en este caso indirecto, a considerar que supondría una aportación a la caja común por parte de este sector de la población sería el Impuesto del Valor Añadido (IVA). Por todos es conocido que la mayor parte de esta población tiene un concepto del consumo muy diferente al estandarizado en nuestra sociedad, por lo que su consumo medio por familia es menor que el de una española.

Considerando este fugaz vistazo a las posibles contribuciones tributarias que realiza esta población, es muy evidente que el gasto que supone este sector es superior a lo aportado.

Ciertamente, ante la opacidad de los datos que proporciona la administración –según ellos para no alentar la xenofobia, lo que es bastante esclarecedor el motivo de esta censura-, es muy complicado realizar un estudio exhaustivo del gasto que produce la población inmigrante sobre el Estado. No obstante, la tasa de población reclusa de los inmigrantes que cuadruplica a la de españoles, el aumento de las unidades policiales a consecuencia de la sensación de inseguridad que provoca en los españoles esta población extranjera, la cual ha ocupado barrios enteros y los ha transformado en auténticos guetos y focos de delincuencia, permite de forma más clara evaluar el incremento de gasto que ha supuesto la llegada de esta población a España.

Es fácil llegar a la conclusión que la delincuencia extranjera ha aumentado el gasto policial, ya que el aumento exponencial de efectivos policiales se ha realizado entre 2000 y 2011, años en el que el terrorismo político no se encontraba prácticamente activo y si aumentaba exponencialmente la población reclusa de origen foráneo, al igual que la población inmigrante en general.

Como muestra un botón, los reclusos extranjeros registrados en el mes de Marzo del año 2013 ascienden a 22.594, lo que hace una proporción de un recluso por cada 232 personas, mientras que la de un español es de un recluso por cada 898 habitantes. Todo ello ocurre a pesar de que los residentes de manera ilegal pueden ser expulsados a su país de origen en caso de ser condenados a menos de seis años.

Hay que tener en cuenta que, según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, el coste de mantenimiento de cada preso es cercano a los 25.000 Euros al año. Por ello, si la población reclusa extranjera se mantuviera en el mismo número de Marzo durante el 2013, el coste anual de la misma será de 564.850.000 Euros. La cifra habla por sí sola.

Hablando de datos y remontándonos a datos antiguos anteriores a la censura política sobre el gasto en inmigración, en un estudio que data de 2005, una investigación para las Consejerías de Economía e Innovación Tecnológica y de Inmigración de la CAM informa que cada extranjero genera un saldo negativo de 629 € anuales a las arcas públicas. Un dato a considerar y hablamos de 2005, cuando el mercado laboral y las cifras de desempleo gozaban de una mejor salud que en los años 2013 y 2014.

 La inmigración masiva genera tensiones en la sociedad

La cuestión relacionada con las tensiones sociales que provoca la población inmigrante reacia a adoptar y respetar nuestro modo de vida, no es un asunto nada desdeñable ante el desgaste que provoca en la convivencia en barrios y ciudades. Principalmente, este problema viene ligado a las diferencias culturales, ante la inexistencia generalizada de voluntad de integración por parte de los extranjeros.

Está claro que culturas y modos de vida ajenos a Europa, muchos de los cuales desprecian y condenan a la mujer bajo la oscuridad de un burka, la someten a mutilaciones o que a ritmo de reguetón la tratan como un simple objeto sexual, no son aceptables ni tolerables en nuestro país.

Ello lleva a que la integración o asimilación en nuestra sociedad de ciertos colectivos de inmigrantes sea imposible, ante su actitud de mantener sus costumbres por muy contrarias a la ley e irrespetuosa con la convivencia ciudadana sean.

Por otro lado, parte del colectivo inmigrante ha colonizado literalmente ciertos sectores comerciales, llevando a nuestro comercio tradicional a una situación insostenible ante la competencia desleal que emplean, llevando a la quiebra a pequeños empresarios españoles con sus prácticas. Este hecho está generando que cientos de familias españolas se hayan arruinado al intentar sacar a flote sus negocios que eran competencia directa de estos “nuevos comerciantes”.

Asimismo, con demasiada asiduidad se han desmantelado numerosas tramas relacionadas con algunos de estos establecimientos, como puede ser la trama que Gao Ping había tejido en España, donde había conseguido evadir millones de euros sin levantar sospecha mientras se fotografiaba con el entonces Rey Juan Carlos I. También, decenas de locutorios han sido intervenidos por blanquear dinero de forma sistemática. Estos casos, como tantos otros, hacen pensar que en excesivas ocasiones no se está respetando las leyes vigentes por parte de estos “nuevos comerciantes”.

La inmigración masiva es una bomba demográfica

Como aspecto negativo de la inmigración, debemos destacar el papel que está desarrollando en la demografía del país, la cual se está convirtiendo en una auténtica demografía de sustitución de la población española. Ante los avances en la sanidad y la prolongación de la esperanza de vida autóctona, se está produciendo un envejecimiento paulatino de la población, lo cual aunado a la baja natalidad de las madres españolas (hecho que se produce por diferentes causas sociales o económicas), estando ésta por debajo del 1%, puede tener consecuencias devastadoras para la heterogeneidad de la población.

En estos últimos años, el Estado ha visto como se triplicaban el número de colombianos, ecuatorianos y marroquíes nacidos en España.  Es obvio que el efecto acumulado e intensificado progresivamente de esta tendencia ocasionará un efecto devastador en la composición heterogénea antropológica que ha dominado España, propiciando que muy pronto en ciertas franjas de edad sean predominantes las personas de origen extranjero, como ya ocurre en muchas ciudades del Reino Unido y otras zonas de Europa.

Frente al envejecimiento de la población española, el Estado no ha optado por fomentar la natalidad de las parejas españolas, sino que ha tomado a estos hijos como suyos, otorgándoles la nacionalidad. Ello facilita que en las estadísticas no figure un incremento de población inmigrante tan acusado como debería ser, habiéndose estabilizado en cierta medida, ya que estos recién nacidos se disipan en los registros estadísticos como españoles.

Asimismo, ni que decir tiene, este sector de la población agraciado de forma habitual por subvenciones, al subir su natalidad obviamente aumenta el gasto público, ya sea a través del gasto sanitario, educativo, becas de comedor, etc. Del mismo modo, ya que muchos de ellos, por sus convicciones culturales y costumbres, son dados a tener familias muy numerosas –por ejemplo, los magrebíes- esto supone un crecimiento exponencial de este tipo de población, que ya aparece como naturalizada al recibir la nacionalidad.

Con el tiempo, estos nuevos españoles, conocidos como inmigrantes de segunda generación, en un porcentaje amplísimo nunca se sentirán como españoles y crecerán marcados por la cultura y costumbres de su origen familiar. Ello les marcará una vida basada en las tensiones sociales en las que se han criado, lo que desembocará en conflictos en las zonas donde mayor concentración de este tipo de población haya, tal y como ha ocurrido en diversas zonas de Francia, Reino Unido, Suecia, etc.

El problema de la inmigración masiva necesita propuestas contundentes

Una vez evaluados los principales problemas que produce la inmigración en España, entendemos que deben tomarse medidas contundentes para evitar un colapso social que está muy cercano:

  • Repatriación de los excedentes de inmigración; considerando como excedentes a los inmigrantes en situación ilegal, a los inmigrantes que hayan cometido cualquier delito en nuestro territorio o tengan antecedentes penales en el suyo, y a los parados inmigrantes de larga duración. La inmigración debe adecuarse a la realidad del mercado laboral y vincular la llegada a contratos de trabajo.
  • Abolición de la actual ley de inmigración con especial énfasis en las figuras de la “regularización por arraigo” y de la “reagrupación familiar” que deberá depender solamente de las posibilidades de mantener a la familia en España con los propios medios y que se condicionará a esta exigencia.
  • Cese de la política de naturalizaciones que ha hecho que hasta 2014 más de un millón de inmigrantes haya recibido la nacionalidad española y que en los años venideros hará acreedores a millones de inmigrantes. La naturalización debe de subordinarse a la asimilación por parte del inmigrante de la cultura española y debe de establecerse un cupo máximo anual con condiciones cuyo incumplimiento implique la pérdida de la nacionalidad española. Debe procederse a la derogación del ius soli, conocido como derecho de suelo para obtener la nacionalidad por nacer en nuestro territorio, quedando como único criterio jurídico el ius sanguinis, es decir, adquirir la nacionalidad en función de la ascendencia de esa persona.
  • Derecho de preferencia nacional: los españoles deben tener preferencia en la ocupación de puestos de trabajo y en la recepción de subsidios y subvenciones.

El cristianismo y la incompatibilidad del Islam.

Políticamente, nuestro espectro político debe ser aconfesional y además debe defender la separación entre Iglesia y Estado, lo que no nos convertiría en laicistas, ya que entendemos que el cristianismo es mucho más que una fe; además de una confesión religiosa, el cristianismo, es un hecho cultural e ideológico que ha formado y modelado nuestra identidad durante dos mil años y sin el cual es imposible concebir la civilización europea, ni pasada, ni presente, ni, desde luego, futura.

Al entender que la defensa de nuestra identidad es esencial, resulta primordial para conservar y perpetuar nuestra cultura que defendamos el origen cristiano de nuestro país, así como el respeto a sus fieles y practicantes.

No obstante, con el problema migratorio se ha comenzado a instalar en un alto número de naciones europeas creencias que chocan directamente con las que consideramos propias de nuestra cultura. Nos estamos refiriendo, principalmente, al Islam.

La intolerancia del Islam le hace incompatible con otras religiones, incluso en marcos de civilización abiertos y que desde siempre han sido escenario de tolerancia religiosa.

Ello impide la normalización del Islam y su homologación como cualquier otra religión, es su concepción político-religiosa de la comunidad: la umma. Este concepto es importante para entender ante lo que nos encontramos: la umma es la comunidad de los creyentes regida por los principios del Islam. No tiene solamente una dimensión religiosa y espiritual, sino política y material. Esté en un país o en otro, el islamista se siente miembro de una comunidad superior y, por tanto, le debe obediencia especialmente a ella, obviando cualquier tipo de ordenamiento jurídico del país.

El Islam no aspira a regir los destinos espirituales de la humanidad, sino también los destinos políticos: por eso establece una Ley Coránica… que suele ser incompatible con la legislación de los países europeos. Y no solo eso, sino que aspira a que ese modelo coránico triunfe al estar inspirado por Alá y considerarlo como una verdad absoluta.

El motor del Islam es la Guerra Santa. En algún versículo del Corán se distingue entre “pequeña” y “gran” Guerra Santa. La “pequeña” sería la guerra de expansión contra el enemigo exterior. La “gran” guerra sería una lucha del islamista contra sus enemigos interiores.

Fuera de las fantasías que intentan transferirnos los sectores más “progresistas y tolerantes” de esta sociedad, es decir, los defensores de la multiculturalidad y de España como “país de las tres culturas”, la realidad y la mera observación atenta nos indica que en Europa, no encaja el formalismo islámico. Ello es debido a sus principios inamovibles, con independencia de la época y lugar en el que nos encontremos. El gran problema con el Islam radica en que entre él y Europa existe una proximidad geográfica, pero también y sobre todo una brecha cultural insalvable. Cuando dos concepciones tan diferentes coinciden en el mismo suelo –hoy mediante la inmigración, ayer mediante la colonización- la convivencia inestable y el riesgo de conflicto es permanente.

La aparición del terrorismo islámico es reciente. Hasta la revolución islámica de Irán en 1979, el Islam condenaba el suicidio. En nuestros días, el suicidio en la Yihad es considerado como una forma de llegar al Paraíso. Esto, unido a la intolerancia, a la resistencia a introducir cualquier cambio en su visión del mundo, a su concepto de la umma, hace del Islam algo radicalmente diferente a lo que se une cierto complejo de inferioridad de algunas sociedades islámicas a causa de la colonización europea. La colonización dejó un rastro de odio contra Europa que dista mucho de haberse extinguido en las sociedades islámicas.

Es frecuente encontrar islamistas que consideren que España se debe recuperar en nombre de la antigua Al-Andalus o que Europa debe admitir sin ningún tipo de límites la inmigración islámica y su comunidad, que antes o después exteriorizará su fe a través de la Guerra Santa como forma de conquista y de victoria sobre los vencidos.

Todo esto genera suficientes incertidumbres como para que las sociedades europeas se preserven del conflicto. El cierre de fronteras a una inmigración que llega con estos modelos de comportamientos en las maletas, el cerebro y en el corazón, es una obligación, y la disminución de los excedentes laborales llegados con la inmigración procedente de países islámicos, una necesidad.

Sin seguridad no hay libertad

Sostenemos que el primer derecho humano es la seguridad sin el cual cualquier otro derecho no puede realizarse. Sin seguridad no hay libertad de acción o pensamiento para una persona.

En la época actual, en el conjunto de España existe una notable sensación de inseguridad, principalmente por estas dos causas:

  • Sensación de impunidad por parte de los delincuentes.
  • Desencanto del ciudadano ante la justicia.

Endurecimiento de leyes y penas

En las débiles leyes españolas se ha primado la rehabilitación, la cual en la mayor parte de los casos es inexistente, frente al castigo y el resarcimiento de las víctimas.

Por todos es conocido, las “pequeñas” condenas a las que han sido sentenciados los terroristas y los múltiples beneficios que han obtenido durante sus estancias penitenciarias. Casos como De Juana Chaos o Bolinaga están en la memoria de los españoles, casos que demuestran al delincuente que sus delitos, por muy grandes que sean, nunca serán castigados como deberían, o como incluso ellos proponen en los sistemas políticos que defienden.

Asimismo, la corrupción política generalizada, evasiones fiscales, violadores o pederastas en la calle, no dan la percepción de que “el que la hace la paga”, sino que a la sociedad le da una sensación de que el delincuente siempre saldrá impune.

Esto ayuda a que el delincuente común, el que comete delitos mucho menores como robos, agresiones, etc. tenga preconcebido que al realizar delitos que pueden parecer menos graves que los anteriores, obviamente serán castigados con una pena menor o incluso saldrán absueltos. Y su razón tiene. En una afamada película se decía: “Eso es lo que mantiene el orden de las cosas: el miedo”; y ahora no hay miedo a una condena, ya que incluso en algunos ámbitos delinquir te convierte en un héroe, de ahí que se haya perdido el concepto de orden en la sociedad.

Las flojas condenas que se imponen en nuestro país, le han hecho el paraíso de la delincuencia en Europa, provocando un efecto llamada que comienza en el Este de Europa y termina por los Andes. La proliferación de mafias rusas, rumanas o bandas latinas, es una realidad latente en multitud de puntos del territorio español.

Del mismo modo, el sistema penitenciario español tampoco favorece a que la delincuencia se vea amenazada por cumplir una estancia en prisión. De hecho, para muchas personas se está convirtiendo en una vía para evitar vivir en la indigencia o regresar a sus países de origen.

Los beneficios penitenciarios de nuestro sistema y la estancia digna que se da a los reclusos en nuestras prisiones ya son conocidas por todo el globo terráqueo.

Para evitar este descontrol en la legislación penal y sistema penitenciario, el Estado debe proponer a través de la legislación penas más duras para los delitos comunes, luchar eficazmente contra la corrupción política y proceder a la repatriación inmediata de los inmigrantes que han delinquido. De igual forma, requisito esencial para entrar en nuestro país es exigir un certificado de antecedentes penales del país de origen para examinar si ese posible inmigrante puede llegar a serlo en España.

Así también, la cadena perpetua debe ser instaurada para terroristas, violadores y pederastas.

Acabar con la corrupción política

En estos tiempos que vivimos en que los medios de comunicación dominan la sociedad e Internet propaga las noticias de forma vertiginosa, la vida política es exhibida día a día en cada hogar y sus acciones llegan prácticamente a cada uno de los ciudadanos de un país. Los políticos deben tratarse de personas honradas con un muy loable objetivo: servir al pueblo. Sin embargo, parece que en los últimos años en España este objetivo se ha olvidado y se ha cambiado por estafar al pueblo.

En 2013 más de 300 políticos están imputados en casos de corrupción distribuidos por todo el territorio español y especialmente  en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, seguidas de cerca por otras regiones como Andalucía y Galicia.

A esto hay que sumar la corrupción en distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte políticos y sindicalistas de todo pelaje.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones salpican a exministros como José Blanco, relacionado con la Operación Campeón o a Rodrigo Rato, por su etapa en Bankia, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes.

Alguno de los casos más extensos de corrupción descubiertos al amparo de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman un centenar de imputados de cargos públicos.

La mayoría tuvieron lugar durante la legislatura de Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato. También la Casa Real está salpicada gracias a Urdangarín y su Instituto Noós.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción. Diversos altos cargos de la administración de Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan la operación Gürtel, Orange Market o el caso Noós.

Otro de los procesos con más repercusión pública es el de los EREs de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, el viceconsejero Agustín Barberá, los directores generales de Trabajo y Seguridad Social, un parlamentario socialista o el delegado provincial de Empleo.

A esto se suman casi un centenar de alcaldes de toda España que están siendo investigados, varias decenas de concejales también implicados en escándalos municipales. La mayoría de estos cargos electos están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudo o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas, destacando caso como Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, o Gürtel, en la Comunidad de Madrid.

En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos. En Cataluña tenemos el “problema del 3%” alusión que se hizo el  parlamento catalán al cobro del 3%  por parte del PSC, ERC  e Iniciativa de toda operación empresarial que se efectuara en Cataluña,  tenemos a los hermanos Pujol que han amasado una gigantesca fortuna, como reconoció su padre en Julio de 2014, anunciando que durante más de 30 años ha escondido millones de euros en el extranjero sin declarar a la Hacienda Pública. Así también, se ha demostrado el tráfico de influencias de la clase política catalana en el caso del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta institución cultural barcelonesa, mientras que el PP a nivel nacional y prácticamente todos sus dirigentes están salpicados por el tesorero Bárcenas y sus millones de euros en cuentas suizas y americanas.

Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los de Bankia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en los que están imputados miembros de sus consejos de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, secretarios de Estado, diputados o alcaldes.

También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.

Como podemos comprobar la lista es interminable, hay muchos casos más pero que por falta de espacio no podemos detallar y en la memoria aún tenemos, y no nos olvidamos de los  Filesa, el GAL y PSV que servían para financiar al PSOE.

Un panorama desolador dentro de nuestra clase política que demuestra que nos encontramos ante un sistema podrido y caducado, en el que se necesitan medidas que solucionen y erradiquen de forma radical estas deplorables prácticas. Si cada día nos llega a nuestra casa noticias de que la clase política que dirige en el país es corrupta, que roba de las arcas públicas, que se enriquece ilícitamente y que nunca es condenada ante un tribunal, ¿qué miedo va a tener el que desvalija una vivienda? ¿Cómo va a confiar un ciudadano que el ladrón sea castigado cuando se han robado millones al pueblo y no ha pasado nada?

La única forma que existe para que se terminen estas prácticas en nuestro país y que las ya detectadas sean castigadas de forma ejemplarizante, es imponer:

  • Consideración del delito de corrupción como delito de especial gravedad al afectar a toda la comunidad y no tratarse de un simple delito contra particulares.
  • Aumentar las penas por corrupción.
  • Expropiación de los bienes del corrupto y del entorno familiar. El patrimonio privado de un corrupto debe ser embargado para satisfacer la cantidad sustraída al pueblo.
  • Establecimiento de una ley de financiación de partidos y sindicatos que elimine las subvenciones públicas y clarifique las aportaciones recibidas, además de que sitúe a los partidos como responsables civiles subsidiarios de sus afiliados.

Una educación pública, nacional y de calidad

Es innegable que han fracasado las reformas educativas que los gobiernos de han implantado desde principios de los años 90, las cuales siempre han atendido a criterios políticos de los partidos mayoritarios y han dejado de lado el objetivo de conseguir un sistema educativo de calidad. Lo cual ha llevado a tener en 2014 más de un 30% de fracaso escolar, lo que significa que, por lo menos, 1 de cada 3 alumnos no ha alcanzado los objetivos y competencias mínimos para obtener el título de ESO y salen del sistema educativo, en su mayoría, para no volver jamás.

¿Este fracaso es debido a la falta de inversión en educación?

Rotundamente no, es habitual culpar de esto en primer lugar a la falta de medios o recursos, después a los alumnos y por último a los profesores. Toda la comunidad educativa debe asumir su parte de culpa y reformarse, pero el principal cambio debe ser la creación de un sistema educativo coordinado con un plan para el desarrollo para los sectores productivos y energéticos. Esa previsión y organización ayudará a ofertar un número determinado asumible por el mercado laboral, en el que la garantía salarial y de derechos esté en consonancia con la labor desempeñada, la formación y los méritos, evitando la hemorragia de los jóvenes más formados y mejor cualificados, que se van a otros países donde hay trabajo y sueldos mucho mayores que en España, revirtiendo allí los beneficios de la formación que han obtenido en su país.

¿Cómo modificar el sistema educativo?

El objetivo del sistema educativo deberá estar en consonancia con las necesidades del país, dotando el gobierno central de un plan nacional de empleo, donde se realicen inversiones para el desarrollo y la sostenibilidad de los sectores productivos del país, entre esas inversiones y esa planificación, incluiríamos el de la formación de profesionales que trabajen y gestionen en estos sectores. Es incoherente invertir en formar profesionales, expertos o investigadores, cuyos ámbitos de trabajo no existen en nuestro país, los puestos están copados para los próximos veinte años o los trabajadores solicitados anualmente son ínfimos.

El fin último de la formación educativa en cualquier nivel del sistema, más allá de la satisfacción personal y el crecimiento profesional, junto a la dotación de educación y formación a las personas, debe ser el reporte de la inversión educativa, siendo útil para la sociedad, no solo es útil socialmente un médico, sino que lo son todos y cada uno de los trabajadores nacionales de cualquier ámbito. Esto sólo se puede realizar en el caso de contar con una previsión de las necesidades nacionales a largo plazo, no a cuatro años vista, que es lo que dura una legislatura y a lo que se han dedicado todos los gobiernos desde 1978.

Debido a la actual falta de previsión, podríamos considerar que en vez de tener una vía de Formación Profesional dentro de nuestro sistema educativo se ha diseñado un plan de formación ocupacional, destinada a mantener dentro del sistema a los jóvenes, pero sin un objetivo ni una meta real y palmaria, que motive a los alumnos a superarse y ser los primeros en llegar a esa meta, que es el inicio de una vida laboral, con esfuerzo lo más estable posible, gracias a una planificación previa del gobierno. Las distintas administraciones mantienen lo que llamamos formación ocupacional para que las estadísticas no lleguen a ser aún más alarmantes y destapen la falacia de la LOGSE y las leyes mellizas que se han ido implantando desde los años 90.

En nuestros días, en la sociedad existe una concepción liberadora de la educación, donde las familias ven en la formación académica de sus hijos una oportunidad para mejorar la situación socioeconómica de la familia. De ahí que tengan la obsesión de ver a sus hijos en la universidad, en el caso de no producirse esto, las familias considerarán que su hijo y el sistema educativo ha fracasado. Se desdeña la formación profesional, constituida actualmente por los grados medios y superiores. Esta idea de progreso o ascenso social está impregnada en las mentes españolas, donde desde hace unos años hemos regresado a la concepción rancia de que ganarse el pan con un trabajo manual es indigno. Por tanto hay que buscar las fórmulas para ganar dinero y vivir bien, tratando de alcanzar las llamadas profesiones liberales. Del afán por tomar atajos y esa idea de la indignidad del trabajo manual, surgen casos como los que se han hecho millonarios a base de especulación urbanística y que han arrastrado a una juventud a aspirar a ese modelo mediocre, individualista y circunstancial, que sólo ha traído miseria.

El Estado debe planificar el futuro de sus alumnos

La falta de previsión del Estado, la nula valoración social de la formación profesional y la exportación de talentos, se unen a los graves fallos del sistema educativo en el que se ha tratado de crear un mundo ideal dentro de las aulas, pero esto ha fracasado por mucho que se empeñen los sociólogos y psicopedagogos. Se ha tratado de homogeneizar a los alumnos, pero naturalmente, dentro de una clase hay tantos niveles como alumnos, cada uno de ellos debe ser tratado como lo que es y requerirle los contenidos mínimos que correspondan a su curso para empezar, exigibles a todos los alumnos de ese curso, y a partir de ahí cada uno deberá llegar al máximo posible, quien no está capacitado para alcanzar un nivel de excelencia en una materia concreta, puede estarlo para alcanzarlo en otra. Cuando se habla de atención a la diversidad en las aulas, siempre se centra el foco en las necesidades educativas especiales, pero se obvia a la diversidad, que podríamos llamar ordinaria, que son los demás alumnos. Habrá alumnos que precisen de otro ritmo de aprendizaje pero las limitaciones temporales del curso nos impiden esperar a todos los alumnos, por ello se ha homogeneizado, pero a la baja, llegando al nivel de la mediocridad. En ningún caso nos referimos a los alumnos con necesidades educativas especiales, quienes cuentan con adaptaciones curriculares personales.

De esta manera se frena al que puede, y no permitiendo desarrollarse al que podría. Esto solo crea personas sin metas ni objetivos, ya que la homogeneidad a la baja elimina las aspiraciones, ¿para qué me voy a esforzar, si han bajado el nivel y haciendo la mitad voy a conseguir lo suficiente? crea adultos conformistas, dóciles y apáticos, lo contrario a lo que nosotros consideramos como esencial a un sistema educativo, y justo lo que busca el sistema mundialista: ciudadanos sumisos y sin capacidad de réplica o protesta.

Nuestro programa político se encuentra recogido en el libro “Recuperar la Nación“, escrito por David Hernández.

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