Banca Pública

La Banca Pública no supone en ningún caso la desaparición de la Banca Privada, de hecho en España coexistieron hasta el año 1993 cuando, poco a poco, el Estado empezó a ceder su titularidad hasta concluir el proceso en 1998. Fue en 1991 cuando Felipe González comenzó la demolición del sistema bancario público español. Bajo el argumento de que el aumento de la competencia derivado de la instauración de la libertad de movimientos de capital en el espacio de la Unión Europea, junto con la libre prestación de servicios financieros, implicaba la reestructuración de las Entidades Públicas de Crédito.

Con el fin de aprovechar las potencialidades de estas entidades, se creó la Corporación Bancaria de España Sociedad Anónima (CBE), que asumió la propiedad de las acciones de titularidad del Estado de la Caja Postal, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Local, el Banco Hipotecario y Banco Exterior de España. Al frente de la Corporación, que pasó a denominarse Argentaria, se colocó a Francisco Luzón. Argentaria representaba en ese momento el 20% de la banca española.

Desde el mismo momento de la fundación de Argentaria, Francisco Luzón anunció la privatización progresiva de algunas de las entidades del grupo, cuyo capital estaba en su totalidad en manos del Estado. Un proceso que se ejecutó en tres tramos desde 1993 a 1996, con la venta del 74,9 por ciento del capital estatal en la Corporación. En total se produjeron tres salidas a bolsa, con las que el Estado ingresó unos 700.000 millones de pesetas, más de 4.000 millones de euros, aunque las participaciones quedaron en manos de accionistas minoritarios y el Estado todavía mantuvo el control.

El proceso de privatización concluyó en enero de 1998, ya con Francisco González, el actual presidente del BBVA, al frente de la entidad. El Consejo de Ministros aprobó la venta del 29,2 por ciento que el Estado poseía todavía en Argentaria, así como un Real Decreto que le permitiría controlar, durante cuatro años, los movimientos accionariales de más de un 10 por ciento del banco, lo que se denominó la ‘acción de oro’.

Poco más de año y medio después, BBV y Argentaria anunciaban su fusión el 19 de octubre de 1999, cuando en ese momento ambas entidades ocupan el segundo y el tercer puesto bancario del país, respectivamente. La nueva entidad se convertía así en la primera de España en capitalización bursátil.

La ‘acción de oro’ caducó en 2002 y a partir de ese momento el Estado perdió toda capacidad de influencia en una estructura bancaria que en estos momentos de crisis económica, cuando la restricción del crédito está estrangulando la actividad empresarial, muchos están echando de menos.

Hoy no se puede defender que la Banca privada sea un ejemplo ni de gestión empresarial ni de generación de riqueza para el conjunto de la nación. Su mala praxis y sus resultados, la presentan como un modelo a reformar. El Fondo Monetario Internacional admite que casi el 50% de las pérdidas de los bancos podrían seguir ocultas y que tras el nuevo tsunami de pérdidas, la banca precisará grandes inyecciones de capital por cantidades similares a las realizadas hasta la fecha.

Nuestras Cajas de Ahorro, que podrían y deberían haber desempeñado el papel de una Banca Pública, se han convertido en un clon de la Banca Privada, y ahora reproducen sus carencias y limitaciones. Lo que demuestra que lo que se necesita no es cualquier tipo de banca pública, sino un nuevo tipo de intermediación bancaria

El sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado, al que se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su dinero. Hoy, paradójicamente, es el propio sector financiero el que reclama la intervención estatal, aunque, eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden tan sólo que el Estado les saque del atolladero y que limpie con dinero público la basura que han ido acumulando en sus balances. La banca se ha quedado con el dinero de los ahorradores y las inversiones arriesgadas han provocado la bancarrota

El ICO ha intentado suplir, en este periodo de crisis, la función de una Banca Pública, pero la necesidad de utilizar los canales de la Banca Privada para poder articular sus líneas de ayuda a diversos sectores de la economía, ha hecho que su papel sea muy escaso y siempre llegue tarde.

Es evidente, pues, que la desaparición de la Banca Pública fue un error, una renuncia solo justificada para que la banca privada dejara de tener competencia (en aquel momento suponía entre un 15% y un 20% del mercado bancario). Y, por supuesto, un error que ahora estamos pagando caro.

La existencia de una Banca Pública potente, dedicada a garantizar el flujo de financiación a la actividad productiva y no a la especulación, y a hacer beneficios fáciles pero muy arriesgados, parece hoy en día imprescindible

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