Mientras los españoles que no pertenecemos a la “casta” nos apretamos el cinturón, sufrimos por pagar nuestras casas hipotecadas por bancos rescatados con nuestro dinero y nos las vemos para llegar a fin de mes, nuestros políticos coleccionan cajas negras al igual que los banqueros sus tarjetas.
En concreto el Gobierno valenciano dispone de 260 “cajas fijas”, las cuales se encuentran vinculadas a cuentas bancarias de La Caixa y BBVA, con un gasto anual de 40 millones de euros al día de hoy, según el diario El Mundo en su edición del 23/10/2014, en la que además informa que el método de pago por medio de la “caja fija” aunque es legal, los jueces y fiscales desconfían de él, porque el Consell habría pervertido su uso y «dificultan el ya de por sí deficitario control y fiscalización de la facturación y contratación» en asuntos menores, según estimó el juez de la Gürtel valenciana cuando procesó a 21 altos cargos de Francisco Camps.
El Mundo también aporta los caprichos y el despilfarro del Gobierno valenciano, como los más de 500 euros en sushi para cenar de Cristina Serrano, alto cargo de Cotino y Rafael Blasco – El ex comunista del PCE y del MCE, y antiguo miembro del grupo terrorista FRAP, que luego se hizo socialista PSPV-PSOE, para terminar siendo del PP, y ser condenado por Sentencia (recurrida ante el T.S.) a ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos, o dicho en otras palabras por robar ayudas de unas ONG. Según la información del diario citado, Cristina Serrano, autorizó decenas de facturas que ella misma presentó y aprobó sin supervisión, también figuran 1.180 euros en horchata, 817 en bollos o 1.524 por enviar documentación a Brasil en 2010.
Entre comida y comida, nada mejor para los sufridos cargos del gobierno valenciano, que desplazarse en taxi a costa del contribuyente, así la señora Cristina Serrano la de los 500 euros por “sushi”, tardaba hasta cuatro horas en recorrer un solo kilometro de la ciudad de Valencia, y así, se han llegado a pagar más de 70 euros de taxi, por recorridos que en la realidad solo cuestan 8 euros, tal como han comprobado los periodistas del diario El Mundo, los cuales en su artículo del pasado 24 de octubre aportan multitud de abusos y despilfarros que constan en las facturas que acompañan a sus informaciones periodísticas.
Esta cada vez más claro, que buena parte de la clase dirigente de este país se ha estado riendo y continúan haciéndolo de los ciudadanos españoles, su desprecio llega hasta el límite de colocarnos los últimos en nuestro propio país, en la cola de los derechos sociales, siendo a los que nunca les llega su turno, porque antes les llega a los que son de fuera. No pedimos ser subvencionados por este Estado como sus partidos y sindicatos, o rescatados como sus bancos, solo pedimos algo tan básico y esencial como un trabajo y una vida en condiciones dignas, dentro una Nación libre de dirigentes corruptos que piensan antes que pueden hacer para robarnos a todos los españoles, que pensar que pueden hacer por España. Todo esto se resume en cuatro palabras…
¡JUSTICIA SOCIAL, PRIORIDAD NACIONAL!